Ratificación y Ampliación Denuncia Federal Penal Nº 1875/09

Ratificación y ampliación del 11/3/09 de la denuncia con documentos probatorios y acusaciones por los delitos denunciados.
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Clarín: La Fiscalía y el caso AUSTRAL, 1/3/1984

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Carta accionistas MAKIN/AUSTRAL 16/9/1980

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Revista Competencia, Septiembre 1977

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Editorial revista veintitres, 15/11/2007

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Dictamen de la Procuración del Tesoro, 29/3/1990

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La Razón, 9/10/1991

La Cruz de Eduardo Saiegh
“Me torturaron por judío y peronista”

Las heridas del Proceso no cierran para muchos argentinos perseguidos. Uno de ellos, Eduardo Saiegh, perdió su Banco y recibió torturas, según denuncia, por mandato de las autoridades económicas de la dictadura. Extorsión, crueldad y antisemitismo en un relato que bien parece extraído de un best-seller.

Protagonista de una historia digna de haber sido imaginada por Sidney Sheldon y con algo de ribetes kafkianos, donde los intereses económicos se entrecruzan con las pujas políticas y judiciales, Eduardo Saiegh, (54 años, arquitecto, dueño de una empresa constructora y ex banquero), todavía lucha por ver en la cárcel , a quien presuntamente hace 11 años, le arrebató el banco y lo empujó hacia la detención y la tortura.
La historia puede sintetizarse así: En 1975 fundó el Banco Latinoamericano hasta que en 1980 el vicepresidente del Banco Central, Alejandro Reynal, responsable de la liquidación de 60 entidades financieras, lo obligó a cerrarlo. Allí comenzó una historia que finalmente culminó en Tribunales con una querella de Saiegh a Reynal. La semana pasada, después de varios años, el Juez Martín Irurzun dictó la prisión preventiva al ex funcionario del Banco Central. Saiegh estuvo preso antes que le liquidaran el Banco y asegura haber sido torturado y compelido a suicidarse. Acusa a Reynal de persecución, porque el Latinoamericano era el único acreedor de Austral Líneas Aéreas, propiedad de un primo suyo. Algunos sostienen, aunque no pueden probarlo, que el banco de Saiegh manejaba fondos de los Montoneros, por eso fue perseguido por el Proceso. A continuación, ,la charla con EXTRA:
- ¿Es incompatible ser judío y peronista?
- No, para nada, ¿cómo va a ser incompatible si es una condición característica de los dos que hemos sido perseguidos? Los peronistas fuimos perseguidos y los judíos también, yo creo que el hilo conductor es bastante profundo.
- Alejandro Reynal asegura tener amigos judíos.
- Esto es como los fantasmas, parece que no existen, pero que los hay, los hay. Me causó mucha gracia cuando en un reportaje aseguró tener amigos judíos, esto es como aquel chiste que dice: “Yo no soy antisemita, tengo un amigo judío”.
- Usted y Reynal disentían permanentemente, sin embargo los dos querían desprenderse del Banco Latinoamericano. El quería liquidarlo y usted venderlo.
- Claro, había una motivación muy de fondo en la liquidación, yo traje a la Argentina al primer comprador para mi banco, que era el Credit Lyonnais, y me soplaron la dama. Me secuestraron durante 7 días y mientras estuve preso, desviaron al comprador de mi banco al banco Torquinst con el cual se realiza la operación. Por otra parte están las declaraciones judiciales del representante del Credit Lyonnais en la Argentina, donde ellos dicen concretamente en el juzgado que venían a comprar el Latinoamericano y que el señor Reynal los desvió para comprar el Torquinst. Más pruebas imposible.
- Pero no queda claro por qué quería vender el Banco, si según usted ha dicho era económicamente sano.
- Yo no vendía la totalidad del Banco, yo les vendía a los franceses primero el 60%, porque necesitaba tener un socio fuerte porque en ese momento se vino un cimbronazo que ocasionó la caída de varios bancos. Entonces tenía que solidificar mi posición. Cuando salgo en libertad Reynal exige mi renuncia y que me desapodere del paquete accionario. Ahí se inició la extorsión. Después consigo dos compradores más, uno era uruguayo que contaba con la auditoría de Price Waterhouse y el otro el grupo de Alfredo Concepción.
- ¿Porqué habiendo compradores para el Banco Reynal, le pide la liquidación?
- La razón es que en agosto del 80 se había estatizado Austral Líneas Aéreas y el único acreedor era mi banco y esto consta en las cartas que le dirige Austral al Ministro Martínez de Hoz. Nos debían como 6 o 7 millones de dólares, entonces si alguien compraba el banco le iba a exigir a Austral que cancelara esa cuenta, pero como Austral no lo podía cancelar se anulaba la estatización y frente a una deuda que había contraído el estado de 200 millones de dólares con la estatización de Austral, los accionistas de la empresa aérea iban a tener que poner esa plata que no la tenían y la única forma de evitar todo esto era liquidar el Latinoamericano, para que las dos cuentas se confundieran en el Estado. ¿Cuál era el móvil de todo esto? William Reynal primo de Alejandro, era el dueño de Austral.
- Creo que Reynal no opina no lo mismo, ya que asegura que su banco tenía una mala situación financiera y las violaciones a las normas eran muchas.
- Lo único que le puedo contestar a Reynal es que existen en la causa penal la constancia del propio Banco Central que al 30 de octubre del 80, momento de mi desaparición, el Banco Latinoamericano estaba perfectamente encuadrado dentro de todas las relaciones técnicas.
- ¿Usted por qué no fue procesado cuando le liquidaron el Banco?
- Porque investigaron mi Banco y nunca encontraron un acto doloso.
- Su relación con Reynal anterior al problema del banco ¿cómo era?
- Mala, hasta me hizo perder una licitación que había ganado en Yaciretá.
- ¿Pero por qué lo perseguía tanto?
- ¿Sabe lo que es en el Establishment, ser judío, peronista y banquero?
- ¿Saiegh cómo hizo para ganar tanto dinero?
- Yo trabajo desde los 16 años, soy arquitecto y empresario. He ganado mucho.
- ¿Cómo fue su detención?
- Yo estuve preso en el Departamento de Policía como desaparecido durante 7 días. Allí se rompieron las barreras de la condición humana, fui golpeado, picaneado y finalmente pusieron un revolver arriba de una mesa y me dijeron “turco, liquidate que te va a salir más barato”. En ningún momento me tomó declaración un Juez, porque la orden de detención la dio Harguindeguy.

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La Nación, 23/3/2006

A cada cual lo suyo
Por Pacho O´Donnell

Se ha instalado el hábito, no ingenuo como veremos, de nombrar al ominoso Proceso de Reorganización Nacional como “dictadura militar” (también lo hace la comunicación del actual gobierno), con lo que se indulta la esencial participación civil en él.

Las consideraciones que siguen no oscurecen el coraje con que muchos civiles se opusieron al Proceso, pagando el costo del descenso a un inimaginable infierno de tortura, muerte y desaparición. Pero como contrapartida, está absolutamente demostrado el compromiso de políticos, economistas, religiosos y periodistas en la preparación del golpe de Estado favorecido por el pésimo gobierno de María Estela Martínez de Perón y José López Rega, que, con su insólita ineficiencia, la violencia parapolicial de la Triple A, la corrupción generalizada y la licuación de salarios y ahorros había creado un vacío de poder y una disconformidad colectiva que facilitaron el suave aterrizaje del golpe.

La designación de José Alfredo Martínez de Hoz y su equipo de colaboradores estaba decidida con mucha anticipación, así como el proyecto de progresivo desmantelamiento del Estado en favor de sectores concentrados nacionales e internacionales, sobre todo financieros.

También estaban asignados los jefes de las Fuerzas Armadas que tendrían a su cargo la represión necesaria para la instalación de ese proyecto, que se enraizaba en una nefasta tradición histórica argentina: liberal en lo económico y autoritario en lo político-social. En este caso, ambos principios llevados a su exacerbación, puesto que el pretexto no era, como en asonadas anteriores, el supuesto reordenamiento de la vida institucional: lo que se puso en marcha el 24 de marzo de 1976 fue el intento de transformación total de la organización económica, social y política de nuestro país, en el convencimiento de que sus males se debían al populismo, con sus pecados de mercado protegido, distribucionismo e industria subvencionada, que debían dejar lugar al libre juego del mercado. Eso, a la postre, se reveló como una estrategia suicida que nos derrumbó en una crisis de la que aún no hemos emergido.

Una vez instalada la dictadura en el poder, la complicidad civil fue aún más manifiesta. “Que los militares hayan sido los principales responsables no implica perder de vista la colaboración prestada por amplios sectores de la sociedad, ya sea mediante el apoyo explícito a la dictadura o a través de silencios cómplices que ayudaron a conformar el consenso civil al nuevo régimen”, dice el historiador Juan Suriano.

Los ministerios de Educación, Cultura, Relaciones Exteriores y Economía fueron ocupados por civiles, que nunca fueron juzgados por ello. También colaboraron periodistas que batieron el parche con lo de “los argentinos somos derechos y humanos”, con la indignación por la supuesta campaña argentina en el exterior y, sobre todo, haciendo oídos sordos a los gritos de torturados y desaparecidos; políticos de todos los partidos, nacionales y provinciales, que aceptaron cargos de gobierno, intendencias, intervenciones gremiales y misiones en el exterior; economistas de primer nivel que diseñaron, justificaron y protagonizaron políticas económicas que era obvio que conducían al desastre, pero que les permitieron, mientras duraron, rentabilísimos negocios especulativos; miembros de la cúpula de la Iglesia que, en contraste con el heroico compromiso cristiano de muchos sacerdotes, justificaron atrocidades y fueron insensibles a los reclamos de progenitores desesperados que acudían a ellos en busca de mediación ante los dueños de la vida y la muerte; empresarios que privilegiaron los negocios con el Estado facilitados por la absoluta falta de controles institucionales; artistas que se avinieron, con provecho económico, a filmar películas que exaltaban el Mundial o amables comedias con militares como protagonistas; sindicalistas que aprovecharon el terrorismo estatal de ultraderecha para eliminar a sus adversarios del peronismo de izquierda y que luego colaboraron con el proyecto político de Massera, e intelectuales de valía que, a pesar de que muchos de sus colegas habían desaparecido o se habían visto obligados a exiliarse, aceptaban almuerzos con Videla, embajadas en el exterior o escribían y opinaban sobre temas comprometedores.

El olvido colectivo que se ha abatido sobre un factor tan esencial de aquella época negra se debe a que muchos de los cómplices civiles del Proceso continúan hoy en actividad, ocupando cargos públicos, opinando desde los medios de difusión, aconsejando sobre temas económicos, actuando y dirigiendo películas o programas televisivos, conduciendo gremios y obras sociales o representando a la Iglesia.

Además, seamos francos: la mayoría de la población adoptó una actitud de pasiva complicidad con la dictadura, por temor o por insolidaridad, como ya lo había hecho a lo largo de la ristra de golpes en contra de gobiernos democráticos, como los que derrocaron a Yrigoyen, Perón, Frondizi, Illia, Isabel, poniendo en evidencia lo que Hugo Quiroga llama el “pretorianismo” de nuestra sociedad: “Es la aceptación de la participación de los militares en la esfera política. Cuando el orden constitucional pierde legitimidad, la solución de fuerza adquiere una vitalidad progresiva y se asienta en la crisis de confianza en el Estado democrático”.

Sectores amplios de la sociedad argentina optaron por hacer lo del avestruz, pretendiendo ignorar el aquelarre sangriento que sucedía ante sus narices con el pretexto de la lucha contra una guerrilla urbana que había sido rápidamente diezmada y desterrada. También buscaron diferenciarse de las víctimas del terrorismo estatal, refugiándose en el deleznable “algo habrán hecho”. Asimismo, se dejaron sobornar por la posibilidad, abierta por el dólar subvaluado, de los viajes al exterior, con el remanido “deme dos”.

Hubo dos instancias en las que el Proceso buscó y obtuvo un masivo apoyo de la civilidad. La primera fue el Mundial de Fútbol de 1978, en el que la Argentina se coronó campeón mundial. Los festejos se repitieron un año después, con la obtención del Mundial juvenil en Japón, cuando una alegre multitud acosó a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que había viajado para constatar la veracidad de las denuncias. Y la segunda, la Guerra de las Malvinas, declarada el 2 de abril de 1982. Miles de conscriptos sin instrucción ni experiencia fueron lanzados a combatir contra una de las naciones de mayor poderío bélico, que, además, contó con el apoyo de la OTAN. En ambas oportunidades, entusiastas muchedumbres vivaron a los uniformados de turno, que se asomaron al histórico balcón de la Casa de Gobierno llenando el ámbito por el que las Madres de Plaza de Mayo giraban desde el 30 de abril de 1977.

Es claro que los uniformados deberán pagar por su responsabilidad en aquella inmensa tragedia nacional, cuyas consecuencias perduran hasta nuestros días, pero reconozcamos que por ser hoy, paradójicamente, el sector social más indefenso de los que participaron se han vuelto aptos para que se descargue en ellos toda la responsabilidad. Así se puede disculpar al otro socio, sin el cual el Proceso no hubiera sido posible: los civiles.

Por ello, aunque nos duela, aunque nos comprometa, aprendamos a denominar el período 1976-1983 “dictadura cívico-militar” para cumplir con lo que hace muchos siglos reclamaba Simónides de Ceos: “La justicia consiste en dar a cada uno lo que merece”.

El autor es escritor, psicólogo y dirigente político.

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Polémica en ArteBA: Renunció el presidente - Clarín, 15/11/2007

OBJETADO POR SU PAPEL EN LA DICTADURA

Con un parco comunicado, ayer la Fundación ArteBa -organizadora de una importante feria de arte- anunció la renuncia del banquero Alejandro Reynal "como presidente y miembro del Consejo de Administración" y su reemplazo por su segundo, el ejecutivo de JP Morgan, Facundo Gómez Minujin.

Días antes, había circulado una carta firmada por intelectuales y artistas -León Ferrari, Diana Dowek, Juan Carlos Distéfano, Andrea Giunta, Adolfo Nigro, Magdalena Jitrik y Ana Longoni, entre muchos otros- en la que repudiaban que Reynal ocupara ese lugar en la institución. Lo hacían a partir de una investigación de la revista Veintitrés, que revelaba que Reynal fue vicepresidente del Banco Central cuando José Alfredo Martínez de Hoz era ministro de Economía, durante la dictadura militar. La nota también recordaba que Reynal había sido acusado de extorsión en una causa vinculada a la detención de otro banquero, Eduardo Saiegh.

"No creemos que sean compatibles arte y dictadura", decían los firmantes de la carta de repudio. Y consideraban que "en tan alto puesto no puede haber una persona que participó activamente de las políticas y decisiones gubernamentales más nefastas, dictatoriales y homicidas de nuestra historia". La carta expresaba: "Nos preocupa también que gente del ámbito cultural no haya evaluado la importancia negativa en términos éticos de dicho antecedente".

Por su parte, Reynal hizo circular una misiva en la que negaba haber extorsionado a Saiegh: "Desde hace más de veinte años soy víctima del señor Saiegh, quien me acusa falsamente de cuestiones que me son ajenas como el cierre de su banco (1981, Banco Latinoamericano) o de haberlo perseguido ideológicamente por judío y peronista". También informaba que en 1999 había sido absuelto "por el voto unánime de tres camaristas de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal". Y aseguraba: "Jamás tuve conocimiento acerca de desapariciones. Fui llamado como un técnico en materia económica y nada tuve que ver con políticas de gobierno que no tuvieran que ver con la materia económica". Respecto de su vínculo con la institución, anotaba: "Participo de la Fundación ArteBA desde sus inicios, cuando no era lo conocida y atractiva que es hoy". Ayer dejó su cargo allí.

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La Nación, 27/06/2006

Nuevo planteo del Gobierno contra Martínez de Hoz

Reiteró un pedido para invalidar el indulto que lo benefició.

El Gobierno reforzó ayer su reclamo a la Justicia para que se declare la nulidad de los indultos otorgados al ex dictador Jorge Rafael Videla y a los ministros del Interior y de Economía del gobierno militar Albano Harguindeguy y José Alfredo Martínez de Hoz, respectivamente, en una causa que investiga el secuestro de dos empresarios en 1976.

El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde -que actúa como querellante-, advirtió que se promoverán más presentaciones judiciales contra Martínez de Hoz por considerar que existieron
fuertes vinculaciones entre la política económica del gobierno de facto y los métodos de represión ilegal instrumentados desde la cúpula del poder.

Ese, de hecho, es el fundamento oficial del pedido de
inconstitucionalidad sobre el beneficio concedido al ex ministro de Economía de la dictadura.

"Hubo una unidad en el accionar represivo del Estado y la implementación de la política económica", afirmó el secretario Duhalde al dar a conocer a la prensa los fundamentos de la presentación del Gobierno.

"Haremos nuevas presentaciones contra Martínez de Hoz, pues lo consideramos igual de responsable de los delitos por los que fueron condenados los jefes de la junta militar", agregó.

Y completó: "Este es un punto de partida que el Estado adoptará en relación con este concierto criminal entre los miembros de las Fuerzas Armadas y los integrantes del establishment económico del que Martínez de Hoz era un representante".

Reclamo judicial

A fines de la última semana, la Secretaría de Derechos Humanos solicitó a la Justicia que dejara sin efecto los indultos otorgados en 1990 a Videla, a Martínez de Hoz y a Harguindeguy. Al restituirse la democracia, en 1983, el ex presidente de facto y los dos ministros del gobierno militar fueron procesados por el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Ernesto Gutheim (padre e hijo) entre 1976 y 1977, pero la investigación se detuvo en 1990, con los indultos dispuestos por el entonces presidente Carlos Menem.

Videla y Harguindeguy están presos en las causas que investigan un presunto plan sistemático de robo de bebes de desaparecidos durante la última dictadura, pero Martínez de Hoz aún permanece en libertad.

La presentación del Gobierno fue realizada ante el juzgado federal número 5 de Buenos Aires, a cargo de Norberto Oyarbide. El fiscal Manuel Garrido ya dictaminó contra el indulto.

El 5 de noviembre de 1976, Gutheim padre y Gutheim hijo fueron arrestados a disposición del PEN y el 6 de abril de 1977 fueron liberados, en ambos casos con sendos decretos elaborados luego de
los hechos.

"No podemos diferenciar la responsabilidad como autores mediatos de los comandantes en jefe de la del comandante en jefe de la economía", expresó Duhalde al anticipar futuras acciones judiciales que apuntarán a determinar la eventual corresponsabilidad de Martínez de Hoz en otras causas seguidas a los militares.

Duhalde no descartó la posibilidad de incluir en aquellas eventuales presentaciones judiciales a otros miembros del equipo económico del ex ministro.
"Hay que estudiar el papel que jugó cada uno. Sería ilusorio pensar que el único responsable era Martínez de Hoz", sostuvo.


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La Hora de las Víctimas - El País, 15/6/2003

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Informe Procuración, 6/1/2005

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Dictámenes de elevación del caso al Poder Ejecutivo Nacional

Orden de detención a Reynal, 30/09/1991

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Página 12 - 25/9/1999 - 20 años depurando

Por Julio Nudler

Un banquero acusa y un jerarca de la dictadura militar rechaza los cargos. El caso no es sencillo, y no sólo por las fojas que acumuló en veinte años. Los dos fueron protagonistas, cada uno a su modo, del vértigo de la plata dulce y la burbuja financiera, en medio de un régimen atroz. Eduardo Saiegh, entonces presidente del Banco Latinoamericano, liquidado por el BCRA, denuncia al vicepresidente de éste, Alejandro Reynal, de extorsionarlo, con ayuda de las fuerzas represivas, para recuperar las acciones de la aerolínea Austral, presidida por William Reynal, primo de Alejandro, que estaban caucionadas en el Latinoamericano como garantía de una fuerte deuda. Saiegh denuncia haber sido torturado. Reynal, hoy socio de Nicholas Brady (el del famoso plan) y asesor en las mayores ventas de bancos argentinos a otros extranjeros (el Río y el Francés, entre ellos), afirma que todo es falso y que Saiegh quiere cobrarle al Estado 200 millones por daños y perjuicios. El contexto de la dictadura presta verosimilitud a la denuncia, que logró que en marzo pasado el juez Gabriel Cavallo dictara la prisión preventiva (pero no efectiva) de Reynal. Sin embargo, a fines de agosto, la Cámara revocó ese fallo.
Reynal tiene sus oficinas en Puerto Madero, y tal vez dispone de tiempo para hablar extensamente de este litigio porque a su negocio, llamado MBA (Merchant Bankers Asociados), le cuesta encontrar más bancos locales a transferir a manos de los multinacionales. Hablar con él permite refrescar la atmósfera de aquellos tiempos en que comenzaba ya a desintegrarse el proyecto militar y se desmoronaba, con enormes costos para la sociedad, el tinglado financiero.

“El proceso de depuración y saneamiento del sistema bancario empezó en 1980, y todavía sigue –afirma Reynal–. En este sentido, el caso del Latinoamericano no se diferencia de otros, como el de Oddone, Grecco o Trozzo. Con una salvedad: que durante el proceso de deterioro del banco, Saiegh fue detenido y estuvo preso una semana. Y él manifiesta que el Banco Central, y yo particularmente como vicepresidente, fuimos los responsables de esa detención.

”Le preguntamos si no lo fueron, o al menos si, como responsables del sistema bancario, no averiguaron por qué estaban deteniendo a un banquero. Nos asegura que se enteró por los diarios, y nos entrega copia de la denuncia de un tal Juan Carlos Guerrero, la persona que “logró” (es el término que utiliza) el apresamiento de Saiegh. Dice que el tal Guerrero era un ex empleado y testaferro, a quien el banquero habría exigido por medios violentos que le devolviera los bienes que tenía a su nombre.

Como Saiegh alega haber sido brutalmente torturado durante su detención, le preguntamos a Reynal si averiguaron si fue así. Responde: “No sé, no pude... Ni lo averiguamos ni teníamos por qué averiguarlo. La policía no iba a informarle al Banco Central ni en un sentido ni en otro”.

Es obvio que la cúpula del BCRA estaba en contacto con los máximos niveles del régimen, y podía por tanto enterarse de algunas cosas. Pero Reynal mueve entonces otra pieza: “Saiegh lo denunció recién diez años después, y lo hizo en un contexto mucho más complicado, diciendo que se lo había perseguido por judío, lo cual tuvo más bien que ver con un momento en que la discriminación racial, o las supuestas persecuciones por razones de raza o de religión, estaban más en boga que en aquel momento en que esto ocurrió”. En una palabra: el antisemitismo, aparentemente no como fenómeno sino como tema, estaba más de moda en 1989 que en 1979, de acuerdo con Reynal. “Nos enteramos –agrega– que a último momento cambió de abogado y se presentó con uno que es vicepresidente de la DAIA, también para hacer una cuestión de ese tipo.

”Para el merchant banker, la acusación contra él por el caso de Austral se reduce a “un delito por portación de apellido”. Lo explica: “Es cierto que el entonces presidente de esa empresa lleva mi mismo apellido: es uno de mis 54 primos hermanos. Del lado de mi madre (Ayerza) tengo otros cincuenta”. Esta respuesta alude a linajes y devociones católicas, pero nopor muchos, los parientes lo son menos. Reynal añade que Austral ya había sido estatizada para la época de los hechos. Lo fue en agosto de 1980, mientras que el Latinoamericano resultó liquidado en enero de 1981. El secuestro de Saiegh ocurrió exactamente entre esos dos episodios.

“¿Usted cree que soy capaz de extorsionar a un banco (el Latinoamericano) que estaba presidido por un general (Jorge Shaw) y tenía a otro en su directorio (Oscar Chescotta) durante un gobierno militar?”, preguntó Reynal a un cronista de La Nación el 20 de marzo pasado. Como argumento parece contundente, aunque es fatal que sugiera una repregunta, que en la nota no figura: ¿habría sido sí capaz de extorsionar a un banco que no estuviera protegido por generales? Precisamente, ¿qué hacían dos hombres del ejército en la cúpula de un banco que pertenecía a Saiegh y Bernardo Grinspun? Reynal contesta: “Lo mismo que los brigadieres que estaban en el directorio del BIR con Trozzo, al que también defendía mucho Massera”. Vale decir, protección, lobby y negocios. “A mí me daba una gran tranquilidad –reflexiona Reynal–, porque si algún militar me llamaba para preguntarme por qué éramos tan estrictos con el Latinoamericano, podía decirle que hablara con el general Shaw. Cuando asumí como director me convocó el secretario general de la fuerza, Reynaldo Bignone, y me dijo que cualquier llamado de un militar que recibiera se lo derivara a él, y además le avisara. No me llamó nadie.”

“En ninguna de las quince causas que me entablaron, y en ninguno de los 60 bancos que liquidamos, nadie me acusó de extorsión –afirma–. Igual que Grecco, Oddone y Trozzo, Saiegh me acusó primero de incumplimiento de los deberes de funcionario público, después de abuso de autoridad, luego de falsedad ideológica, y cuando todos esos delitos prescribieron, él se acordó en 1989 de que yo lo extorsionaba, porque es un delito que no prescribe.

”Reynal niega que la detención de Saiegh hubiese permanecido oculta. “Su amigo Roberto García, subdirector de Ambito Financiero, se ocupó se sacarla al día siguiente en el diario, porque era al mismo tiempo jefe de prensa del Latinoamericano. Yo tengo mucha amistad con Roberto, y era así.” Según Saiegh, su detención le provocó una corrida de depositantes al banco, que lo condujo a la quiebra. “Tendría que demostrarlo –desafía Reynal–. El BCRA lo último que quería es que se cayera otro banco, y hacía lo imposible para calmar el sistema, como sigue pasando ahora.” ¿Con Pedro Pou? Además, ¿no había, como Reynal mismo dijo, una política de depuración del sistema bancario? “Sí, pero el Central nunca quiere que sea el público el que tome la iniciativa... La caída de un banco es siempre una mala noticia para el Central, porque demuestra que éste hizo mal las cosas.” La verdad es que al BCRA que vicepresidía Reynal, cuya responsabilidad personal era la superintendencia de bancos, se le cayeron por decenas. “Es la mejor demostración de que el sistema era un desastre. Para mí es fácil decirlo, porque yo no empecé en el ‘76 sino en noviembre de 1979, cuando la vaca ya estaba preñada.” Hace algún tiempo declaró que asumió engañado, porque le ocultaron la dimensión de la crisis.

Algo está dispuesto Reynal a concederle a Saiegh: “Tiene razón si dice que fue una de las víctimas de una crisis bancaria fenomenal. Pero no lo tratamos distinto que a los otros 59 bancos que cerramos. El Latinoamericano no era el banco más grande ni el que había hecho más macanas. Es más: a Saiegh nunca le vi la cara en el tiempo que duró ese proceso, porque de eso se ocupaba el almirante (Andrés) Covas”. ¿Sabe mucho de bancos un marino?

Respuesta a Página 12 sobre la nota "Veinte años depurando"

Los "Depuradores" de Guantes Blancos
carta de Eduardo Saiegh
Efectivamente es como dice la nota de Pag/12 del 25/9/99: "Veinte años depurando", y como lo consignó la revista SOMOS el 28/11/80, Alejandro Reynal decía en un Congreso Empresario en el Teatro San Martín: " el Proceso "de depuración" está en sus comienzos, pero sin duda una etapa intensa que no ha terminado y que debe continuar". Esto mismo lo vuelve a reiterar a Pag/12, y ahora insiste:"...y todavía sigue". Es que efectivamente hay una continuidad ideológica y metodológica, con la instrumentación de los planes de encuadramiento de la ley 21526 de entidades Financieras, sancionada durante el Proceso, que fueron y son usados como sentencias de ejecución, bien llamadas de "liquidación", eufemismo de depuración y particularmente étnica.
Las guerras, los golpes militares y las luchas intestinas fueron históricamente los medios utilizados también para apropiarse de los bienes del enemigo. Además como en el régimen nazi, aquello de "miente, miente, miente, que algo quedará", nuestro país sigue con el criterio histórico de clase de que "la culpa la tiene el chancho y no el que le dio de comer" y cuando alguien como Alejandro Reynal que tiene 15 causas judiciales, según el mismo declara, -yo declaro que también tiene manchas de sangre hasta los codos -, pretende justificar con razonamientos nazi-fascistas lo injustificable, que con mentiras y falsedades agravia el honor de dos personas hoy fallecidas, el Gral. Shaw y el Dr. Grispun, que en todas sus declaraciones testimoniales lo acusaron a Reynal de la extorsión exigida y lo inculparon sin ningún atenuante, esto ya ronda el campo de la miserabilidad humana. Ya que no sólo fue sanguinario con nosotros sino que quiso también hacernos creer durante estos 18 años, y vuelve a insistir ahora, que Shaw y Grispun me entregaron a su "apriete", utilizando alevosamente a dos hombres de bien, y por los cuales pongo las manos en el fuego, que no eran capaces de semejante traición, ya que por otra parte hubiéramos estado todos locos pidiendo la autoliquidación teniendo dos compradores en firme, uno de ellos Price Waterhouse, sino fuera por la extorsión de Reynal.
Similar al caso de los robos de bebés que se quieren justificar diciendo que era para salvarlos de unos padres subversivos, o que las declaraciones grabadas antisemitas de un ex-General como Suárez Mason, convicto y confeso como tal, no son tales. Es la impudicia del primer poder, el económico, que logra penetrar hasta la impunidad judicial. Tal vez veinte años de "depuración moral" sean pocos, ya que a Europa le llevó algo más que eso, (entre otros caso Papon), pero finalmente la mano de la justicia llegó, y llegará cuando pierda el miedo de revelar la Verdad y tenga el coraje de expresarlo en una resolución imparcial y sin agravios constitucionales.
La resolución de la Sala II de la Cámara Federal revocando la prisión preventiva aún no está firme: está apelada. Han sido recusados por prejuzgamiento los dos magistrados que intervinieron, ya que de otro modo no se puede interpretar dicha resolución, luego de haberle revocado, la misma sala, 3 veces el desprocesamiento a Reynal, otorgado la última vez por el famoso Juez Oyarbide, e indicara las 3 veces de continuar la investigación con las pruebas de la extorsión, después de 18 años de instrucción, sentando con esto un inequívoco criterio respecto de este delito, y un claro señalamiento judicial de los Camaristas al Juez Caballo, quien al comprobar con las pruebas ordenadas, la indubitable responsabilidad de Reynal, les devuelve una "brasa caliente" al dictar la prisión preventiva aún con eximición de prisión.
Han prejuzgado porque sólo así se entiende que de uno u otro modo lo iban a zafar a Reynal con una resolución que es "un fallo", ya que si no, no se explica la diametral contradicción entre la resolución de la Sala II versus la contundente resolución del juez Cavallo, quien dicta la prisión preventiva sólidamente fundamentada en una investigación de 18 años expresando concretamente:"...permite inferir que todos y cada uno de los hechos tenían como fin último la liquidación irregular del Banco Latinoamericano. No obstante ello. en ese camino complejo y perfectamente ideado..." Está tan fundada y comprobada por el juez la maniobra extorsiva de Reynal de liquidar el BLA para apoderarse de las acciones de Austral, que finalmente y ya sin ningún atenuante jurídico que le permita eximirlo de prisión, debe apelar a la teoría de los derechos humanos, para posibilitarle, injustamente por no ser excarcelable el delito, que siga en libertad y tal como sostuvo también el fiscal Quantin, que la eximición de prisión estaba mal concedida. Habilidosa "prestidigitación" judicial.
Miente Reynal cuando dice que recién en el 89 lo acusé de extorsión. De este delito fue acusado en el año 82 cuando inicié la querella, y fue el entonces fiscal Moreno Ocampo, en el año 89 cuando prescribió una condena menor quien requirió continuar la investigación por extorsión, y también los fiscales Gustavo Hornos, Aníbal Ibarra, Germán Moldes, y Eduardo Taiano, todos ratificaron a su turno la acusación por extorsión. Así fue como en el 91 fue condenado por primera vez y consiguió también "zafar" de la condena, a pesar de la oposición expresa del Dr. G. Hornos, cuando su defensor era entonces Jaime "Jimmy" Smart, el célebre ministro del no menos célebre Gral. Camps, sanguinario represor, todos reconocidos antisemitas. Por eso quiere hacer creer la falacia nazi de que en el 89 había más antisemitismo que en la época del Proceso. O será que se refiere a la "sinagoga Radical" y que Bernardo Grispun, que no era dueño del Banco sino Director, accedió a pesar de la historia altamente conflictivo-litigiosa entre el Banco Latinoamericano y el BCRA al cargo de Ministro de Economía. El antisemitismo lo transpira por los poros, -y para eso no hay antisudoral que valga por más plata que se tenga- y al mismo tiempo, hablando de plata, constituye una burla al Tribunal manifestar por escrito que es insolvente, con total impudicia e impunidad.
Eso es saber manejarse con guantes blancos, si no ¿de qué se trata la metáfora? Miente Reynal cuando dice que el caso del BLA es igual al de Oddone, Greco y Trozzo, ya que en mi caso sólo él, en combinación con el Gral. Harguindeguy, fue el cerebro v autor intelectual de la maniobra de secuestro. tortura. extorsión v desapoderamiento de todos mis bienes, para "rescatar" las acciones de la sociedad controlante de Austral Líneas Aéreas, que estaban caucionadas en el tesoro del BLA y de donde desaparecieron días después de la liquidación. La carta de los accionistas de Austral del 16 de septiembre de 1980 dirigida al ministro Martínez de Hoz. concomitante del decreto 1922 para la estatización de Austral, y que forma parte legal del mismo, dice taxativamente que el único acreedor privado de Austral es el BLA, haciéndose cargo sus accionistas en la proporción de cada uno de ellos ante el Estado "por los montos que en concepto de dichas obligaciones o sus renovaciones deba pagar el Estado a los acreedores", Siendo como dice la misma carta que, el BLA era el único acreedor privado que podía exigir la deuda, la única forma de "zafar" de dicha obligación era liquidando al BLA. Así de simple, el fin del secuestro y la extorsión era para "rescatar" dichas acciones y luego poder confundir todas las deudas en el propio Estado como único acreedor, que nunca las cobraría ya que por eso y para eso se estatizaba Austral, yeso sólo era posible fácticamente liquidando el BLA.
Miente Reynal cuando compara nuestro caso con cualquier otro caso de "depuración", porque el BLA, al día de hoy, no tiene quiebra decretada, ni la "depuración" logró inculparme o procesarme de ningún tipo de cargo penal en estos 20 años. Por el contrario, Reynal reconoce tener 15 causas en trámite, y que nadie lo acusó de extorsión, y esto es cierto a medias, porque tuvo otras acusaciones por este delito, pero era sólo el Latinoamericano, quien tenía las acciones de la controlante de Austral, y era a mí a Quien tenía Que extorsionar v desapoderar de las mismas v también de paso de todos mis bienes.
Miente Reynal cuando mezcla los cómplices que usó en su maniobra de secuestro extorsivo, confunde a propósito a Guerrero con Bustos ( el de la denuncia "anónima" pergeñada en el BCRA y llevada a la División Bancos de la Policía Federal por el funcionamiento del BCRA, como consta oficialmente), sabe muy bien que uno fue el anzuelo y el otro la carnada para darle pie a la Policía y que la orden de torturarme y violentarme hasta que reconozca delitos inexistentes la dio él. O acaso nos vamos a sorprender hoy de los horrores cometidos durante la Tiranía Militar despiadada y sanguinaria, y encima si uno era judío, mayor era el ensañamiento. Por eso dice Reynal que no tenían nada que averiguar acerca de mi secuestro y tortura, la orden estaba dada y se debía cumplir. Por algo tenían los fierros, y él estaba sentado arriba de la chequera del BCRA. Nada menos que cajero del Proceso!
Miente Reynal cuando dice que no sabe nada acerca de mis tormentos, porque sabe muy bien que me torturaron hasta el extremo de la muerte, interrogándome de temas que vinculaban a él, incluso acerca de Sivak y de Neuman, que luego fueron también secuestrados pero finalmente asesinados, y que cuando mis torturadores se sacaron la capucha, instigándome al suicidio con un revolver al alcance de la mano, pretendían que yo "arrastre en mi autoliquidación-suicidio" a todo el directorio del BLA, hombres de bien y honestos, no lobystas como el malevo los llama. Por eso bien dice Reynal que él estaba tranquilo "apretando" o como él dice "siendo tan estricto" con el BLA, ya que tanto el Gral. Shaw como el Gral. Chescotta ya estaban retirados de la función militar desarrollando ambos actividades empresariales, entonces él estaba totalmente protegido por los "de actividad" para cometer sus tropelías. Pero hoy, ¿quién lo protege?
Miente Reynal acerca de la publicación de Roberto García en Ámbito Financiero, ya que si bien es cierto que es mi amigo, y que estaba como asesor de prensa en el BLA, se incorporó al diario 2 ó 3 años después, y por otra parte a mí me secuestraron un viernes y al día siguiente, sábado, no aparece Ámbito Financiero.
Miente Reynal cuando dice que cambié de abogado a último momento poniendo uno de la DAlA "por una cuestión de ese tipo". Es cierto la "cuestión judía" es una cuestión de gravedad institucional en nuestro país, y por eso la DAlA, luego de chequear todas las pruebas existentes en la causa, presentó en abril de este año ante el juez Baltazar Garzón, un informe sobre los judíos en la época del Proceso Militar, acerca de los muertos, desaparecidos y los extorsionados y desapoderados de sus bienes. Mi caso de DDHH totalmente violados fue presentado por la DAlA en dicho informe-documento y comunicando inmediatamente esto a los Sres. Camaristas por los citados abogados, como demostración de respeto por la Justicia, y está a disposición de quien quiera verlo, como un caso paradigmático, de lo que fue la persecución, la tortura, la extorsión y el desapoderamiento de los bienes, con todas las pruebas del caso, incluidos los dictámenes del Ministerio de Economía y de la Procuración del Tesoro, que determinan taxativamente que debe ser dejada sin efecto la liquidación del BLA y reparados los daños causados y siendo contundentes y lapidarios para Reynal y también para el BCRA y que ambos pretenden ignorar arteramente.
Lo increíble es que no tuve ni tengo ninguna causa penal en mi contra, ni el Banco tiene quiebra decretada, pues aún hoy todavía tiene patrimonio positivo. ¿No es absolutamente extraño todo como para creer que Reynal no miente? ¿Es que ha sido la DAlA la que le mintió al Juez Garzón?!! Reynal no miente cuando dice que el perjuicio que él le causó como funcionario del Estado Nacional al Latinoamericano es de u$ 200 millones, ya que dicha cifra surge de la auditoría a valor original del capital declarado, con motivo del interés de compra por parte de Price Waterhouse de diciembre del año 80 y reconocido por el propio BCRA, y del análisis patrimonial de Cooper y Lybrand realizado, con igual criterio, en el año 91 y oportunamente presentado en la propia causa penal por secuestro, extorsión y desapoderamiento.
Y no miente, tal como dijo a La Nación a las 48 hs de dictada en marzo su prisión preventiva acerca de dicha suma, rectificándose días después y bajándola a 54 millones, porque sabe que tarde o temprano, aunque alevosamente se haya declarado insolvente en el propio juzgado, para eludir el embargo de u$1 millón, tanto él como muchos de sus más de 100 primos tendrán que hacerse cargo del perjuicio que causaron, aunque esa cifra o la que resulte luego, yo decida donarla a una institución de bien comunitaria.
O acaso no se está reparando ahora lo robado y desapoderado en la última guerra. Lo que sucede es que los nazi- fascistas no creen en la justicia, saben que existe, pero sólo para presionarla e intimidarla con su impunidad, que por cierto no es ni será eterna, como la historia de la Justicia mundial reciente nos muestra.

La Nación - 5/09/2006

Derechos humanos: decisión de Norberto Oyarbide

La Justicia declaró nulo el indulto a Martínez de Hoz
La medida alcanza a Albano Harguindeguy; serán juzgados por un secuestro extorsivo.

El ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz volverá a ser investigado por su presunta participación en crímenes cometidos durante la última dictadura militar: el juez federal Norberto Oyarbide declaró ayer la nulidad del decreto de indulto que había beneficiado al ex funcionario y reabrió una causa sobre el secuestro extorsivo de dos empresarios ocurrido en 1976.

La resolución de Oyarbide alcanza también al ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, acusado de los mismos hechos y beneficiado por otro de los decretos de indulto dictados por el presidente Carlos Menem entre 1989 y 1990. Para los próximos
días, en tanto, se prevé que el juez defina la situación del ex dictador Jorge Rafael Videla, también implicado e indultado más tarde.

Martínez de Hoz y Harguindeguy seguirán en libertad, pero podrían ser encarcelados en el futuro si al retomar la pesquisa el magistrado dispusiera sus procesamientos, informó a LA NACION un funcionario que interviene en la investigación.

A diferencia del ex ministro del Interior, que está procesado en el expediente sobre el Plan Cóndor, Martínez de Hoz no estaba siendo juzgado en ninguna otra causa. La resolución de Oyarbide, que anuló los decretos 1002/89 y 2745/90, es la cuarta por la que un juez declara la inconstitucionalidad de los decretos de indulto dictados por Menem. Otras dos resoluciones anteriores, emitidas en las causas del I Cuerpo de Ejército y de ESMA, fueron confirmadas por la Cámara Federal y van camino a la Corte Suprema.

El fallo de Oyarbide responde a un planteo de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que intervienen como querellantes en la causa, y cuenta
con dictámenes favorables del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, y del fiscal Federico Delgado.

La nulidad de los indultos también había sido reclamada por el Gobierno, que intervino como querellante en la causa por medio de la Secretaría de Derechos Humanos. El propio presidente Néstor
Kirchner había pedido públicamente, en la última conmemoración del golpe de Estado de 1976, que la Justicia fallara contra esas normas.

En su resolución, el magistrado argumentó que los
delitos investigados son de lesa humanidad y que,
por lo tanto, los imputados no pueden ser
amnistiados ni indultados.

Un argumento similar había expuesto en su dictamen
el fiscal Garrido. "Son inadmisibles las leyes o
disposiciones internas -incluyendo leyes de
amnistía y plazos de prescripción- o cualquier
obstáculo de derecho interno mediante el cual se
pretenda impedir la investigación y sanción de los
responsables de las violaciones de derechos humanos", dijo Garrido al citar un antecedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Otro de los ejes argumentales de Oyarbide fue la
imposibilidad de perdonar las violaciones del
artículo 29 de la Constitución en la que habrían
incurrido las autoridades de la última dictadura
al arrogarse la suma del poder público.

Martínez de Hoz, Harguindeguy y Videla están
acusados de haber dispuesto la detención de los
empresarios Federico y Miguel Gutheim, de la
textil Sadeco, para forzarlos a cerrar un negocio
de exportación con Hong Kong. La inquietud de las
autoridades se había originado en una gira oficial
de Martínez de Hoz por Medio Oriente.

La delegación argentina en Hong Kong le hizo saber
al ministro que había un gran malestar en ciertos
sectores económicos por la frustración de una
compraventa de algodón con la empresa Sadeco.
Hong Kong era la puerta de entrada de una de las
plazas de algodón más importantes del mundo.

Los empresarios estuvieron detenidos entre el 5 de
noviembre de 1976 y el 6 de abril de 1977, en
cumplimiento de un decreto firmado por Videla y
por Harguindeguy. Pasaron por el Departamento
Central de Policía y por la cárcel de Caseros.

Durante esos cinco meses, los Gutheim fueron
trasladados en cuatro oportunidades a reuniones
con los representantes de las empresas de Hong Kong
a fin de que llegaran a un acuerdo. En todas
participó un representante del Ministerio de
Economía.

En 1988, el primer juez de la causa, el hoy
camarista Martín Irurzun, procesó a los tres ex
funcionarios y dispuso su prisión preventiva. Ese
mismo año, la Cámara Federal confirmó los
procesamientos de Harguindeguy y Videla por
secuestro extorsivo reiterado, pero luego revocó
el de Martínez de Hoz.

En esa resolución, los camaristas Juan Cotelezzi,
Gustavo Mitchel y Horacio Cattani sostuvieron que
la detención de los Gutheim había sido claramente
ilegal y que había tenido como único objetivo extorsionar a los empresarios para que llegaran a un acuerdo con sus pares de Hong Kong.

Se aclaró allí que la situación de Martínez de Hoz
era diferente: para los camaristas, no había
ninguna prueba directa que vinculara al ex ministro
de Economía con los secuestros.

Luego, llegaron los indultos de Menem.

A esa resolución de cámara se aferrarán sus
abogados defensores. "Es claro que Martínez de Hoz
no se «salvó» por el indulto presidencial. Fue la
Cámara Federal la que lo desvinculó de los hechos",
dijo a LA NACION José Martínez de Hoz, hijo del ex
ministro y uno de sus abogados.

La próxima palabra la tendrá Oyarbide.

Por Gabriel Sued
De la Redacción de LA NACION

Carta de la DAIA

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Artistas cuestionan al presidente de ArteBA

ALEJANDRO REYNAL LES RESPONDIO

Alejandro Reynal, presidente de ArteBA, negó en una carta dirigida a la Fundación ArteBa haber extorsionado y perseguido al banquero Eduardo Saiegh durante la última dictadura militar explicando que "desde hace más de veinte años soy víctima del señor Saiegh, quien me acusa falsamente de cuestiones que me son ajenas como el cierre de su banco (1981, Banco Latinoamericano) o de haberlo perseguido ideológicamente por judío y peronista". Aseguró también que fue absuelto en 1999 "por el voto unánime de tres camaristas de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal". Y dijo que "detrás de la tenaz insistencia de procesarme judicialmente a lo largo de tantos años subyacía una pretensión de resarcimiento patrimonial, ya que sólo si me condenaban el reclamo tendría algún sentido". De esta manera, Reynal respondió a acusaciones públicas -"de procesista a mecenas", dice el comunicado difundido por varios artistas -entre ellos León Ferrari, Adolfo Nigro, Andrea Giunta, Rosana Fuertes, Daniel Ontiveros, Carolina Katz y Gabriel Levinas- a raíz de una nota periodística publicada por en la revista Veintitrés. Los artistas cuestionaron a Reynal por haber sido "colaborador de Martínez de Hoz durante la dictadura" y, en relación con el caso judicial, reconocen que "la causa cayó pero como crimen de lesa humanidad no prescribe".

FALLO CONTRA EX FUNCIONARIO DE MARTÍNEZ DE HOZ

CLARIN, 19 de Marzo de 1999

Prisión preventiva

Después de veinte años, la Justicia decretó ayer la prisión preventiva de Alejandro Reynal, uno de los involucrados en la liquidación del Banco Latinoamericano, cuando su vicepresidente era el ex ministro de Economía de Alfonsín Bernardo Grinspun. Reynal es hoy titular de MBA, un banco de inversión y socio de la estadounidense Salomon Brothers y del ex secretario del Tesoro de EE.UU. Nicholas Brady.En 1980 Reynal era vicepresidente del Banco Central, cuando el ministro era Martínez de Hoz. Y ahora fue acusado por el juez Gabriel Cavallo de delito de extorsión, que no prescribe. Pero no irá a la cárcel. En el fallo se dice que la extorsión tuvo lugar en una reunión que mantuvieron, en noviembre de 1980, Grinspun (hoy fallecido); Alberto Shaw, presidente del Latinoamericano, y Reynal. Este les habría exigido el desplazamiento de Eduardo Saiegh, vice del banco, y la entrega del paquete accionario de Saiegh.Reynal dijo ayer a Clarín que trató de que al banco lo condujera Grinspun, que era mucho más responsable. Pero como Saiegh ha iniciado un juicio al Estado y pretende cobrar unos 200 millones de pesos continúa con el hostigamiento.Después de aquella reunión en 1980 la división Bancos de la Policía Federal detuvo a Saiegh. En ese momento Grinspun quedó a cargo del banco. Saiegh fue liberado cuatro días más tarde. Luego Reynal comunicó la decisión de liquidar la entidad.