La Nación - 5/09/2006

Derechos humanos: decisión de Norberto Oyarbide

La Justicia declaró nulo el indulto a Martínez de Hoz
La medida alcanza a Albano Harguindeguy; serán juzgados por un secuestro extorsivo.

El ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz volverá a ser investigado por su presunta participación en crímenes cometidos durante la última dictadura militar: el juez federal Norberto Oyarbide declaró ayer la nulidad del decreto de indulto que había beneficiado al ex funcionario y reabrió una causa sobre el secuestro extorsivo de dos empresarios ocurrido en 1976.

La resolución de Oyarbide alcanza también al ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, acusado de los mismos hechos y beneficiado por otro de los decretos de indulto dictados por el presidente Carlos Menem entre 1989 y 1990. Para los próximos
días, en tanto, se prevé que el juez defina la situación del ex dictador Jorge Rafael Videla, también implicado e indultado más tarde.

Martínez de Hoz y Harguindeguy seguirán en libertad, pero podrían ser encarcelados en el futuro si al retomar la pesquisa el magistrado dispusiera sus procesamientos, informó a LA NACION un funcionario que interviene en la investigación.

A diferencia del ex ministro del Interior, que está procesado en el expediente sobre el Plan Cóndor, Martínez de Hoz no estaba siendo juzgado en ninguna otra causa. La resolución de Oyarbide, que anuló los decretos 1002/89 y 2745/90, es la cuarta por la que un juez declara la inconstitucionalidad de los decretos de indulto dictados por Menem. Otras dos resoluciones anteriores, emitidas en las causas del I Cuerpo de Ejército y de ESMA, fueron confirmadas por la Cámara Federal y van camino a la Corte Suprema.

El fallo de Oyarbide responde a un planteo de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que intervienen como querellantes en la causa, y cuenta
con dictámenes favorables del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, y del fiscal Federico Delgado.

La nulidad de los indultos también había sido reclamada por el Gobierno, que intervino como querellante en la causa por medio de la Secretaría de Derechos Humanos. El propio presidente Néstor
Kirchner había pedido públicamente, en la última conmemoración del golpe de Estado de 1976, que la Justicia fallara contra esas normas.

En su resolución, el magistrado argumentó que los
delitos investigados son de lesa humanidad y que,
por lo tanto, los imputados no pueden ser
amnistiados ni indultados.

Un argumento similar había expuesto en su dictamen
el fiscal Garrido. "Son inadmisibles las leyes o
disposiciones internas -incluyendo leyes de
amnistía y plazos de prescripción- o cualquier
obstáculo de derecho interno mediante el cual se
pretenda impedir la investigación y sanción de los
responsables de las violaciones de derechos humanos", dijo Garrido al citar un antecedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Otro de los ejes argumentales de Oyarbide fue la
imposibilidad de perdonar las violaciones del
artículo 29 de la Constitución en la que habrían
incurrido las autoridades de la última dictadura
al arrogarse la suma del poder público.

Martínez de Hoz, Harguindeguy y Videla están
acusados de haber dispuesto la detención de los
empresarios Federico y Miguel Gutheim, de la
textil Sadeco, para forzarlos a cerrar un negocio
de exportación con Hong Kong. La inquietud de las
autoridades se había originado en una gira oficial
de Martínez de Hoz por Medio Oriente.

La delegación argentina en Hong Kong le hizo saber
al ministro que había un gran malestar en ciertos
sectores económicos por la frustración de una
compraventa de algodón con la empresa Sadeco.
Hong Kong era la puerta de entrada de una de las
plazas de algodón más importantes del mundo.

Los empresarios estuvieron detenidos entre el 5 de
noviembre de 1976 y el 6 de abril de 1977, en
cumplimiento de un decreto firmado por Videla y
por Harguindeguy. Pasaron por el Departamento
Central de Policía y por la cárcel de Caseros.

Durante esos cinco meses, los Gutheim fueron
trasladados en cuatro oportunidades a reuniones
con los representantes de las empresas de Hong Kong
a fin de que llegaran a un acuerdo. En todas
participó un representante del Ministerio de
Economía.

En 1988, el primer juez de la causa, el hoy
camarista Martín Irurzun, procesó a los tres ex
funcionarios y dispuso su prisión preventiva. Ese
mismo año, la Cámara Federal confirmó los
procesamientos de Harguindeguy y Videla por
secuestro extorsivo reiterado, pero luego revocó
el de Martínez de Hoz.

En esa resolución, los camaristas Juan Cotelezzi,
Gustavo Mitchel y Horacio Cattani sostuvieron que
la detención de los Gutheim había sido claramente
ilegal y que había tenido como único objetivo extorsionar a los empresarios para que llegaran a un acuerdo con sus pares de Hong Kong.

Se aclaró allí que la situación de Martínez de Hoz
era diferente: para los camaristas, no había
ninguna prueba directa que vinculara al ex ministro
de Economía con los secuestros.

Luego, llegaron los indultos de Menem.

A esa resolución de cámara se aferrarán sus
abogados defensores. "Es claro que Martínez de Hoz
no se «salvó» por el indulto presidencial. Fue la
Cámara Federal la que lo desvinculó de los hechos",
dijo a LA NACION José Martínez de Hoz, hijo del ex
ministro y uno de sus abogados.

La próxima palabra la tendrá Oyarbide.

Por Gabriel Sued
De la Redacción de LA NACION